A pesar que hace ya 36 años que se develó el escándalo por la desaparecida revista Interviú, este martes comienza el primer juicio por el caso de más de 300.000 bebés robados en España entre los años 1960 y 1990.
Según la denuncia, una gran cantidad de recién nacidos fueron separados de sus madres, a quienes se les dijo que sus bebés habían muerto, para entregárselos a otras familias, en la gran mayoría de los casos, a través de cuantiosas sumas de dinero. El último caso del que las asociaciones tienen constancia data de 1993 e incluso tienen localizados a algunos que fueron llevados al extranjero.
Un médico y una monja serían los culpables
El caso que ahora llega a los juzgados se remonta a 1969. El doctor Eduardo Vela se enfrenta a 11 años de cárcel por la sustracción de un bebé. La denuncia se interpuso en 2010, cuando la madre de Inés Madrigal, nombre de aquel bebé, le reconoció que ella no era su madre y que un médico se la había dado.
Desde ese momento comenzó la búsqueda tanto de su familia biológica como de la reparación en los juzgados. Así, por primera vez, uno de estos casos llega ante la Justicia española.
El doctor Vela y la monja sor María han sido durante muchos años las caras visibles de este drama que afecta a miles de padres, madres, hijos e hijas en España. Aunque ambos supuestamente perpetraron los delitos de los que se les acusa en la madrileña clínica de San Román, lo cierto es que este tipo de prácticas se llevaron a cabo en hospitales y clínicas de todo el país.
Según Actualidad RT, Luna García, presidenta de SOS Bebés Robados de la Comunidad Valenciana, agradeció que por fin la Justicia haya puesto “manos a la obra”, lo que define como “un primer paso”. Lamentó que aunque en aquel entonces, el escándalo afectó a la opinión pública, poco a poco el caso había “quedado en el olvido”.
El fiscal pide para el ginecólogo 11 años de prisión por tres delitos: sustracción de menores, suposición de parto cometido por facultativo y falsedad en documento oficial. La acusación particular eleva su petición hasta los 13 años.
Según la asociación SOS Bebés Robados de Madrid, se calcula que más de 300.000 niños fueron separados de sus familias biológicas de manera irregular.
Las familias que se hacían cargo de los recién nacidos en muchos casos eran cómplices, en otros, a pesar de las enormes cantidades de dinero que pagaban, creían que se trataba de una adopción regular.
Una de las pruebas que piden los familiares es la exhumación de las tumbas de los bebés que les dijeron que habían muerto. Ya se han realizado algunas y los sepulcros se encuentran vacíos.
Con información de Actualidad RT
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