Marchan en defensa de la educación pública en Colombia

Las principales universidades de Colombia este miércoles se movilizarán en defensa  de la educación superior pública. La marcha cuenta con el apoyo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, (Fecode).

Educación
Foto: El Espectador

Los representantes del ente gremial advirtieron a través de un comunicado oficial que “la educación superior pública en Colombia está al borde del colapso”.

Sin embargo de acuerdo al texto de Fecode, el apoyo a la jornada de protesta se da “porque su principal objetivo es la defensa de la educación pública, integral y con calidad, desde los tres grados de preescolar hasta la universidad”.

Los jóvenes universitarios estudian decretar “la hora cero”, un cese de actividades desde la medianoche del 11 de octubre, sino se concreta el compromiso del Gobierno colombiano.

Desfinanciación de la educación

Por su parte, representantes de las universidades han señalado que la problemática en la educación pública superior se debe a la desfinanciación del sector por parte del Estado colombiano.

Asimismo, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, sostiene que el principal problema de las universidades públicas es la ley 30 de 1992, la que dictó los principios actuales de la educación superior pública en la nación suramericana.

Para la rectora, la ley “fue válida en su momento” porque planteó que el presupuesto de las universidades públicas iba a crecer al menos un punto por encima del Índice del Precio al Consumidor (IPC), algo que según ella “fue extraordinario para los años noventa”, pero con “un error enorme” y es que no fijó un techo.

Según Montoya, desde la promulgación de la ley, la tasa de crecimiento de las universidades en cobertura, programas, investigación y costos ha sido mayor al indicador, lo que se refleja en atrasos de nómina e infraestructura de los centros educativos.

“La crisis que estamos viviendo no es de ahora y lo que pasa es que todo este tiempo se ha querido ocultar, meter la mugre bajo el tapete, cuando la educación pública construye sociedad”, aseguró.

Por otra parte, ante la problemática, la académica ha solicitado al Gobierno modificar el sistema de financiación de la educación pública superior a través de una política de Estado que permita un sostenimiento integral.

Falta de presupuesto

La proyección del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019 es de 258.9 billones de pesos.

En este sentido la educación superior tendrá un aumento de 1.97 billones de pesos, los que se destinarán para calidad y fomento de la educación superior. Este concepto incluye costos para el funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, financiación de la demanda de las cohortes del programa Ser Pilo Paga, estampilla de la Universidad Nacional y fomento a la educación superior.

Este incremento es insuficiente para dar una salida a la situación de las universidades públicas, las que según datos del Sistema Universitario Estatal (SUE), en la actualidad enfrentan un déficit en funcionamiento de 3.2 billones, y en inversión de 15 billones.

Campaña contra la educación pública

Sumado al  desfinanciamiento, las autoridades  de la universidades públicas colombianas han denunciado “una guerra contra la educación pública”, que contempla una afrenta política, económica y mediática permanente la cual busca la estigmatización y la inviabilidad de la universidad pública.

Cabe destacar que para los denunciantes, los Gobiernos desde la década de 1990, hasta la fecha, se han propuesto empobrecer económicamente a las universidades públicas, a la par con una serie de medidas que buscan su precarización, señalamiento y deslegitimación social.

Desde el día de mañana las calles vuelven a llenarse de dignidad. Cientos de miles de jóvenes inundarán las avenidas y plazas de sus ciudades exigiendo más presupuesto para que la educación sea un derecho garantizado para todos.

Exigencias de la comunidad universitaria

  • Las universidades públicas exigen  la adición de 18 billones de pesos para mejorar la calidad educativa.
  •  A la Ciencia, la tecnología y a la investigación se le debe devolver 700.000 millones de pesos. Los jóvenes protestan porque dicen que se les ha quitado por parte del Estado.
  • Créditos sin interés y transparencia con los recursos en las universidades privadas
  •  Aumento de presupuesto para el Servicio nacional de Aprendizaje (SENA) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). que permita comenzar a resolver sus problemas de infraestructura, vinculación docente y bienestar universitario en todo el país.

Con información de Telesur


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