Alrededor de 40 mil dólares (un millón de pesos), ofrece el gobierno de Argentina a quien de información sobre el paradero del ex candidato a diputado, Sebastián Rodrigo Romero, quien es apodado como el “manifestante del mortero”.
Romero, quien se postuló por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU) fue visto disparando un mortero casero hacia la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante una protesta contra la reforma a las jubilaciones presentada por el Gobierno de Mauricio Macri, que finalmente se aprobó en el Congreso.
La medida impulsada por la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue anunciada este miércoles 23 de mayo en el Boletín Oficial de aquel país sudamericano. Por su parte, Romero se encuentra prófugo de la Justicia tras haber recibido un pedido de captura nacional el 18 de diciembre del 2017 —el día de los disturbios— y otro internacional el 28 de febrero de este año.
Desde la postura del Poder Ejecutivo, el militante de izquierda es buscado por “haber participado en las conductas violentas” aplicadas contra el personal de las fuerzas de seguridad que “conformaba una línea de contención para evitar el avance del público hacia el Honorable Congreso de la Nación”, según se lee en el documento oficial.
Por el lado del acusado, quien se mantiene escondido, el 29 de marzo publicó en Facebook que es “un perseguido político del gobierno de Macri”. Asimismo, consideró que es buscado “como si fuera un terrorista”, y añadió: “Fui parte de los miles que el 18 de diciembre resistimos en las calles contra el robo que estaban haciéndole a los jubilados en el Congreso”.
Las protestas
Los debates parlamentarios de la reforma previsional estuvieron acompañados, en las cercanías del Congreso, por importantes manifestaciones, que también continuaron en el resto del país de modo espontáneo. El 14 de diciembre se caracterizó por el importante operativo de las fuerzas de seguridad, que concluyó en decenas de detenciones arbitrarias, heridos —incluso diputados y periodistas—, disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y persecuciones por las calles del centro porteño.
La jornada del 18 de diciembre fue bien distinta. Solo estuvo presente la Policía de la Ciudad debido a una restricción judicial, que también limitó su capacidad para responder a las agresiones. Muchos protestantes se armaron con piedras y otros elementos contundentes, que les fueron arrojados a los uniformados, dejando heridos a algunos de ellos.
También hubo acusaciones, viralizadas en las redes sociales, que afirmaban que las organizaciones presentes en las calles fueron víctimas de infiltraciones en sus grupos por parte de policías para producir desmanes que justifiquen la represión. Sin embargo, el gremio Unión Obrera Metalúrgica (UOM) emitió un comunicado desmintiéndolo; afirmó que el presunto agente infiltrado entre ellos es, en verdad, un delegado de su organización sindical que simplemente ayudó a un uniformado herido. La foto del individuo saliendo de los protestantes para resguardar al oficial despertó las sospechas.
Así las cosas, Romero todavía se encuentra prófugo y las autoridades aún no informaron si recibieron nuevos datos acerca de su localización. Por otro lado, un grupo de intendentes opositores al Gobierno presentaron este martes una lista de firmas en el Congreso para solicitar la derogación de la ley que reduce los ingresos de los jubilados y pensionados, informa La Política Online, cuya reforma generó la reacción de los protestantes.
Con información de Actualidad RT
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