Este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) anuló la decisión tomada por la Comisión Europea (CE), la cual indicó que el Real Madrid se benefició de ayudas de Estado ilegales por una permuta de terrenos con el Ayuntamiento, por lo cual tendría que regresar 18,4 millones de euros.
Los hechos datan del año 1991, cuando la directiva del conjunto blanco y el Ayuntamiento pactaron un acuerdo para remodelar el Santiago Bernabeu. Posteriormente, firmaron un segundo pacto de permuta de suelo en 1996 y un tercer convenio en 1998 para ejecurtarlo.
Los informes indican que la alianza entre el club y el Consistorio se ejecutó en 1998, cuando Alberto Ruiz-Gallardón dirigía la Comunidad de Madrid y Álvarez del Manzano el Ayuntamiento; ésta consistía en unos terrenos situados en el barrio de Las Tablas.
Sin embargo, no se logró traspasar los terrenos por tratarse de equipamiento deportivo. Como consecuencia, se le dio al Real Madrid 22,7 millones en nuevas operaciones como compensación.
Luego, Real Madrid y Ayuntamiento firmaron un nuevo acuerdo en 2011 para solucionar los conflictos causados por dichos convenios. Al reconocerse la imposibilidad de ceder los terrenos de Las Tablas al Real Madrid, se reemplazaron por otras tres parcelas además de una compensación económica a favor del club.
CE inicia investigación sobre el Real Madrid
Debido a que la CE dudó sobre el costo real de la parcela, abrió una investigación 2013. En junio del 2016, determinó que la transacción se sobrevaloró en 18,4 millones al tratarse de una ayuda para el estado. El club alegó que no se trataba de una ayuda ilegal, puesto que la transacción se hizo de acuerdo al “valor catastral” del terreno.
La Justicia europea concluyó en su sentencia, emitida este miércoles, que el Ejecutivo comunitario “no probó de modo satisfactorio que se hubiera concedido una ventaja al club porque no tuvo en cuenta todos los elementos de la operación y su contexto. Esta condición es necesaria para que una medida pueda ser calificada como ayuda de Estado. Al no cumplirse, la Comisión no podía considerar que hubo una ayuda de Estado ilegal”.
La CE tiene ahora dos meses y diez días de plazo para presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Con información de ABC.
