El embajador venezolano Alex Saab vuelve a ser noticia internacional, al conocerse que el Tribunal Supremo de Cabo Verde rechazó su solicitud de hábeas corpus; luego de un año de su detención en la isla africana.
Esta decisión del tribunal de Cabo Verde conmociona la conciencia jurídica universal y desafía los derechos fundamentales más elementales.
Según leyes internacionales la posición de la Corte Suprema es legalmente errónea y, no puede defenderse en un estado regido por el estado de derecho.
Solicitud de hábeas corpus
Las posiciones adoptadas por el Tribunal Supremo de Cabo Verde sobre el hábeas corpus en el caso de la detención del embajador Saab; son totalmente erróneas y jurídicamente indefendibles.
En lugar de desempeñar su papel de garante de los derechos humanos; el Tribunal Supremo de Cabo Verde, se muestra al mundo como el sepulturero de los derechos humanos y el estado de derecho.
No se discute en el derecho internacional de los derechos humanos, plenamente aplicable a este caso; que estas condiciones de privación de libertad, incluido el arresto domiciliario, equivalen a detención.
Esta es la posición inequívocamente reiterada por las naciones civilizadas; así como por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Europea de Derechos Humanos, y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias en su constante jurisprudencia.
Al adoptar la posición según la cual poner a alguien en arresto domiciliario en las condiciones experimentadas por Alex Saab no es una privación de libertad; la Corte Suprema de Cabo Verde viola las leyes de derechos humanos.
En el derecho internacional de los derechos humanos, la noción de privación de libertad contiene tanto un elemento objetivo del confinamiento; de una persona en un espacio restringido particular durante un período de tiempo no despreciable, como un elemento subjetivo adicional en el sentido de que la persona no ha consentido válidamente en el confinamiento.
Para entender un poco sobre el tema, el habeas corpus es un derecho que protege a cualquier ciudadano ante arrestos y detenciones arbitrarias; busca proteger al ciudadano ante una detención que pueda no ser legal. Es decir, evitar que se produzca o prolongue una detención si no hay un motivo legal que lo justifique.
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