El proceso, que inició el pasado 3 de julio, es de carácter obligatorio y no tendrá prórroga, informó la Contraloría en su portal web.
Deben participar los funcionarios que ocupen cargos de gobernador, secretarios de gobierno y directores del tren ejecutivo; legisladores del Consejo Legislativo, procurador del estado y directores generales; juez rector, presidente del circuito judicial penal de cada estado, junta directiva del Consejo Nacional Electoral, defensor del Pueblo y director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo.
También deben cumplir con este requisito los alcaldes, concejales, el contralor del estado, los contralores municipales y directores generales, así como funcionarios con altos cargos, entre ellos los síndicos procuradores municipales, los rectores, vicerrectores y secretarios de universidades públicas, los registradores y notarios, la junta directiva de institutos autónomos, las corporaciones y fundaciones del Estado.
La declaración debe contener una relación detallada de los activos y pasivos del declarante y su grupo familiar.
Con información de AVN
