Este domingo El Salvador cumple una semana en régimen de excepción, con el presidente Nayib Bukele en la mira de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que se encuentran preocupadas por la situación del país.
Los salvadoreños tienen suspendidos —hasta el 27 de abril— los derechos de reunión, asociación, defensa en un proceso penal e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Estado de excepción en El Salvador
Esta medida extraordinaria se tomó luego de que se perpetraron 62 homicidios el sábado 26 de marzo, que se convirtió en el día más mortífero en la historia reciente de El Salvador.
La cifra de asesinatos —atribuidos a las pandillas— se comenzó a estabilizar el 29 de marzo al no registrarse homicidios; de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PCN).
El sábado se reportaron dos asesinatos, uno de ellos a un pandillero que atacó a un agente de la PNC, informó la corporación oficial.
A una semana de instaurado el estado de excepción se reportan más de 4.000 capturas de supuestos miembros de pandillas; mientras que organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) han manifestado su preocupación por la posible violación a derechos humanos durante dicho periodo.
HRW pide una reunión
La organización Human Rights Watch (HRW) solicitó una reunión con el presidente Nayib Bukele para abordar la situación de los derechos humanos en El Salvador, según se dio a conocer el sábado.
La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, publicó en Twitter la imagen de la carta dirigida al mandatario salvadoreño y con fecha del 2 de abril.
“Le solicité (al presidente Nayib Bukele) una reunión para conversar sobre la preocupante situación de derechos humanos en El Salvador y los desafíos del país en materia de seguridad”, escribió Taraciuk.
Hasta el momento, el presidente Bukele no se ha referido, en Twitter como suele hacerlo, a dicha solicitud.
Amnistía Internacional (AI) señaló, en una carta dirigida al mandatario salvadoreño, que el régimen de excepción “contraviene” normas internacionales de derechos humanos, ya que “no pueden ser restringidos, ni aun en caso de estado de excepción, elementos tales como el debido proceso y las garantías judiciales”.
AI pidió al Gobierno y al Estado que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad; entre los que destacan el derecho a la integridad personal y a no ser sometidos a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Bukele exige que calabozos sean desocupados
El mandatario salvadoreño ordenó la noche del sábado al director de Centros Penales, Osiris Luna; que los detenidos que se encuentran en las bartolinas (calabozos) policiales resulten trasladados a penales.
“Señor Director, hay que trasladar muchos más reos y así tener suficiente espacio en las bartolinas para todas las capturas que se vienen. Coordine con la @PNCSV más traslados a los penales y mantengan las bartolinas vacías para volverlas a llenar”, publicó Bukele en Twitter.
Ante la solicitud del presidente, el director de Centros Penales respondió: “De inmediato cumplimos esa orden Señor Presidente @nayibbukele; vamos a seguir trabajado 24 horas para poder vaciar inmediatamente las bartolinas y meter más criminales a la cárcel”.
El Gobierno, que es acusado por Estados Unidos y señalado en investigaciones periodísticas de haber sostenido una supuesta negociación con las pandillas, no ha explicado las causas que habrían generado la ola de violencia homicida.
Asimismo, el Ejecutivo atribuye los homicidios a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13); y ha incrementado los operativos militares y policiales en diferentes colonias populosas dominadas por las maras, los cuales han dejado miles de detenidos.
De acuerdo con Bukele, las pandillas poseen unos 70.000 miembros en El Salvador, de los que 16.000 se encuentran encarcelados. EFE
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