El Gobierno de China reclama a la administración del presidente Enrique Peña Nieto el pago de 600 millones de dólares (equivalente a más de 11.000 millones de pesos), tras la cancelación del tren de alta velocidad.
Según informó el portal mexicano Aristegui Noticias, las autoridades mexicanas no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal.
Cuando Peña Nieto asumió la Presidencia de México, en diciembre del 2012, se comprometió a la construcción de un tren que partiría de la Ciudad de México hacia el estado de Querétaro.
Dicha obra fue ganada durante una licitación por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International y CSR Corporation Limited.
Cabe mencionar que el consorcio asiático se asociaría con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora TEYA, esta última propiedad del empresario mexicano Juan Armando Hinojosa Cantú.
La Constructora TEYA resultó ser propiedad del empresario Cantú, quien además es el dueño de la controversial ‘Casa Blanca’ del actual mandatario mexicano, según una investigación publicada también por Aristegui Noticias.
De acuerdo con un documento obtenido por el medio mexicano, el Gobierno chino reclamó la revocación de la firma del contrato, así como de la segunda licitación, que se realizó en el 2015. Esto ocurrió luego de que dos de las empresas ganadoras con sede en el país asiático anunciaran su decisión de iniciar un arbitraje de inversión en contra del Gobierno mexicano.
Según estas corporaciones chinas, la actuación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT) constituyó “una expropiación a sus inversiones debido a que resultaron ganadores de la licitación”. Debido a esto, el documento finaliza reiterando que el reclamo por la indemnización asciende a 600 millones de dólares.
Con información de Actualidad RT
