La respuesta de los jueces destituidos por la Asamblea controlada por Bukele

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Reacciones a la Asamblea afín de Bukele
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«Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional; en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa».

Así se pronunció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador; cuyos magistrados fueron destituidos este sábado tras una votación en el Congreso que ahora controla por mayoría el partido Nuevas Ideas del presidente del país, Nayib Bukele.

Reacciones a la Asamblea afín de Bukele

La polémica votación provocó un torrente de condenas nacionales e internacionales del más alto nivel ; por quienes consideran que la decisión atenta contra la independencia de poderes de los órganos del Estado y carece de respaldo legal.

Entre otras críticas destacó la del gobierno de Estados Unidos; principal socio comercial de El Salvador, que ya se comunicó con el presidente Bukele; para expresarle sus «serias preocupaciones» sobre lo sucedido.

«Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia»; respondió firme el mandatario salvadoreño a las declaraciones de la comunidad internacional.

Bukele también mantuvo diversos encontronazos con el fiscal general, Raúl Melara; a raíz de sus decisiones al frente de la Fiscalía, muchos de ellos públicos entre ambos a través de Twitter.

Destitución de magistrados: «Viola la independencia judicial»

Tras la votación en la Asamblea, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución para declarar la destitución de sus magistrados; «inconstitucional, debido a que viola la independencia judicial».

El organismo argumentó que «con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el órgano Ejecutivo y Legislativo»; la decisión de los diputados «incide negativamente en el control del ejercicio del poder» que efectúa la Sala de lo Constitucional.

La Sala aseguró que la destitución «no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla», e incluso si hubiese contado con un proceso previo, «afecta la dimensión externa de dicho principio formal, que exige la ausencia de presiones por parte de los demás órganos del Estado».

«La falta de beneplácito del órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción», se lee en el texto.

Pese a esta resolución, los diputados eligieron la misma noche del sábado a cinco magistrados sustitutos y al nuevo fiscal, quienes custodiados por agentes policiales ingresaron a las instalaciones de la CSJ y al edificio del Ministerio Público, respectivamente.

«En realidad ya estaban destituidos cuando emitieron esa resolución (que además no tiene ni firmas, ni sellos, ni comunicación oficial)…», tuiteó Bukele para restar importancia al posicionamiento de la Sala de lo Constitucional.

Horas después, Aldo Cader Camilot y Marina Marenco de Torrento dos de los magistrados de la CSJ destituidos; publicaron sus cartas de renuncia en las que aseguraron que nunca han estado vinculado ni han respondido a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.

En la tarde del domingo, las redes sociales de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ mostraron ya sus primeros cambios; al eliminar la resolución de los magistrados destituidos y publicar una primera foto de los cinco nuevos titulares.

En la noche del domingo, el destituido Raúl Melara dijo que su expulsión fue «inconstitucional» y «carece de validez jurídica», pero también anunció su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general por «el bienestar de su familia» y por no poder contar «con las garantías necesarias» para ejercer.

«He tenido una larga trayectoria jurídica que evidencia mi honestidad y capacidad», dijo en un comunicado para rechazar los señalamientos en su contra.

Además, aseguró que durante su trabajo como fiscal demostró la «objetividad y probidad que requiere dicho cargo», que realizó sus labores «de representante de los intereses del Estado y de la sociedad, siempre apegado al Derecho» y que durante su gestión se procesó a las personas «sin importar ningún interés».

¿Qué dijo Estados Unidos?

Este domingo, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, mostró sus «profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador».

«Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte», escribió en Twitter.

Horas antes, el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, dijo que se había comunicado con Bukele para expresarle la «gran inquietud» de su gobierno por lo ocurrido tras la decisión de «socavar al más alto tribunal de El Salvador y al fiscal general Melara».

Además, defendió que Melara estaba «luchando contra la corrupción y la impunidad» y era «un socio eficaz» para combatir el crimen «tanto en Estados Unidos como en El Salvador», según un comunicado difundido por su departamento.

«Así no se hace», sentenció en redes sobre lo ocurrido Juan González, asesor de Biden para América Latina como director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.

«La existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas», subrayó Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU.

El presidente salvadoreño mantuvo una relación muy cordial con el anterior gobierno estadounidense liderado por Donald Trump, pero ha mostrado claras discrepancias con el actual Ejecutivo desde que Biden asumió el poder. El salvadoreño no recibió, por ejemplo, al enviado especial para el Triángulo Norte de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, en su visita a Centroamérica el pasado mes.

Algunos congresistas estadounidenses también se unieron a las críticas. El demócrata Albio Sires opinó que «si no se reconsidera» la destitución de los magistrados, «el gobierno de EE.UU. debe disminuir la cooperación» con El Salvador.

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