Hace 31 años, bajó el pueblo en los barrios humildes de Caracas para protestar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez; originando lo que se conocería en la historia venezolana como “El Caracazo”.
El 27 y 28 de febrero de 1989 se desató una ola de saqueos en el país; principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos electrónicos y línea blanca; debido a que un 62% de la población estaba sumida en la pobreza.
Las protestas iniciaron en Guarenas, estado Miranda, ubicada a unos 15 kilómetros al este de Caracas. Pero éstas se extendieron a las principales ciudades del país.
Por lo tanto, el 27 de febrero de 1989, el pueblo “bajó de los cerros”, como se le conoce a los barrios más humildes de Venezuela para alzar su voz en contra de las medidas económicas impuestas por el presidente Carlos Andrés Pérez; en su segundo mandato.
El detonante fue el precio del pasaje
Los venezolanos, cansados de las arbitrariedades del sector transporte, salieron a las calles a ejercer su derecho a protestar.
En esta oportunidad, los transportistas pretendían aumentar las tarifas del pasaje a un 50%, a pesar que estaba permitido un incremento máximo del 30 por ciento, lo que detonó la ola de protestas, en vista que afectaba el bolsillo del venezolano.
Aunado a esto fue eliminado el beneficio del medio pasaje estudiantil.
Pero este factor no fue el único que conllevó a un quiebre de la sociedad venezolana, debido a que el acaparamiento y la especulación de productos de primera necesidad, causó desabastecimiento e inflación. Por lo cual se desató lo que hoy se conoce como “El Caracazo”.
Por tal motivo, las personas no solo se abalanzaron al sector transporte; también la acción se amplió hacia los supermercados y pequeños abastos, donde los venezolanos encontraron muchos de los productos que escaseaban.
Por supuesto, Venezuela a finales de los ochenta se vio en una situación económica muy alarmante. En vista que aumentó la deuda externa de 6 mil millones de dólares a 31 mil millones y el precio petrolero bajó, debido a los precios internacionales del petróleo a partir de 1983.
El elevado endeudamiento externo y la caída de los precios del petróleo colapsaron las finanzas del Estado.
Devaluación y paquetazo
Para 1938, la moneda se devaluó a tal punto que fue una espiral gigantesca, llevándose por delante las políticas económicas de los gobiernos de Luís Herrera Campíns y Jaime Lusinchi; quienes no fueron capaces de frenar la elevada inflación, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional.
Además, Carlos Andrés Pérez implementó políticas que trataron de mejorar la situación como controles de cambio y control de precios, pero esto llevó a más corrupción y mercados negros.
Esto condujo al gobierno a implementar un conjunto de medidas económicas que buscaban apuntalar la economía venezolana. El “Paquete Económico” fue promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La idea central fue implementar un programa, con el fin de obtener cerca de 4500 millones de dólares en los siguientes 3 años.
Por consiguiente, una de las tantas medidas económicas que colapsó el crecimiento de la nación, fue la liberación de tasas de interés activas y pasivas en el sistema financiero, fijando un tope del 30%.
Así mismo, el gobierno eliminó la tasa de cambio preferencial; así como la liberación de precios de todos los productos a excepción de 18 unidades de la cesta básica; por último el incremento gradual de las tarifas de servicios públicos, además del incremento del precio de la gasolina.
Ante este paquetazo del expresidente Carlos Andrés Pérez auspiciado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el detonante de las revueltas que originaron “El Caracazo” en Venezuela.
No podrían las fuerzas policiales
Los acontecimientos del 27 de febrero fueron sorpresivos y violentos, además que la masa no dio tregua a ningún cuerpo de seguridad para detonar “el Caracazo”.
En este sentido, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber cómo actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud.
Ante los hechos que se registraron en el país, el presidente Pérez junto al Consejo de Ministros ordenó para el 28 de febrero que la Guardia Nacional y el Ejército reprimieran los disturbios.
Igualmente, decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes.
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