El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que tres exfiscales del Ministerio Público fueron privados de libertad por su presunta participación en actos de corrupción en contra de una ganadera del estado Zulia.
Desde la sede del órgano garante de la legalidad en Caracas, el titular de la acción penal precisó que “esta investigación se inició tras nosotros haber recibido personalmente una denuncia de parte del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Armando Chacín, además de conversar con la víctima, Yusnary Elizabeth Gómez, a quien habían robado 300 cabezas de ganado”.
Por estos hechos, Saab precisó que “el pasado 27 de mayo fueron detenidos los fiscales Walter Negrón (exfiscal 20º en Machiques), Andry Libis Reyes (Fiscal 41º) y América Rodríguez (fiscal auxiliar 41º), todos de Zulia”.
Según detalló el alto funcionario, la víctima “denunció el hurto, y siendo víctima el fiscal Walter Negrón en lugar de investigar a los involucrados en el robo le exigió el pago de 5 mil dólares, los cuales amedrentada por el fiscal pagó, y luego le exigió otros 50 mil más para no librarle una orden de aprehensión”.
En tal sentido, la máxima autoridad institucional contó que “posteriormente dicho fiscal fue recusado, por este motivo la causa pasa al conocimiento de la Fiscalía 41ª del Ministerio Público en el estado Zulia”.
Dicha instancia, a cargo de las abogados Andry Reyes y América Rodríguez, solicitó de manera irregular acto formal de imputación en contra de la denunciante, “convirtiéndola de víctima en victimaria”, precisó William Saab.
Reparación y justicia
Debido a estos hechos, “el Fiscal 4º Nacional Contra la Corrupción solicitó por necesidad y urgencia orden de aprehensión en contra de los referidos fiscales”, añadió el fiscal general.
Los exfiscales fueron imputados por los delitos de concusión, corrupción propia y agavillamiento, y quedaron privados de libertad.
En relación con la causa llevada en contra de la víctima, “el fiscal 63º Nacional con Competencia Plena designado para conocer el fondo del caso del hurto de ganado, presentó a la víctima del hurto y extorsión en el Tribunal 1º, extensión Villa del Rosario. En el acto no calificó delito y solicitó la libertad plena y sin restricciones. Dicho tribunal acordó todo lo solicitado por el Ministerio Público, ya que dicha orden de aprehensión respondía a un acto de corrupción”, detalló el alto funcionario
“Vamos a castigar de manera implacable este modus operandi. A usted, fiscal que me está escuchando, si está en esas andanzas tenga la seguridad de que pronto le caerá la justicia, por mancillar su propio honor y el de su familia”; puntualizó el Fiscal General de Venezuela.
Contra bandas organizadas
De igual modo, el Fiscal general informó sobre la detención de 28 integrantes pertenecientes a una banda dedicada a la extorsión, tráfico de drogas y armas, terrorismo, homicidios y secuestros en contra de pequeños y medianos productores agrícolas en el Sur del Lago de Maracaibo.
Saab expuso que el grupo “realiza cobros extorsivos en la modalidad de “cobro de vacunas” hacia residentes de la zona. Se les amenaza con armas de fuego y se les exige el pago de dinero en moneda extranjera a cambio de no atentar contra su integridad física”.
También añadió que “entre los 28 detenidos se encuentra el segundo líder de la organización, Yosnar Ulloa. Además se han solicitado otras 13 órdenes de aprehensión, entre ellas la del líder principal de la banda, Darwin Antonio Rivas García (alias “El Patrón”), quien se encuentra prófugo”.
Corrupción en Anzoátegui
En el marco de la lucha en contra de la corrupción, el fiscal general destacó que el Ministerio Público obtuvo una orden de paralización para la remodelación del Comedor Popular ‘Alberto Lovera’, inaugurado cuando estuvo al frente de la Gobernación de Anzoátegui.
“Este espacio dedicado a garantizar el derecho a la alimentación estaba siendo reformado por una empresa privada, un comerciante apoyado por un diputado a la Asamblea Nacional, para convertirlo en una tasca-restaurante para el expendio de bebidas alcohólicas y almuerzos en divisas”, comentó Saab.
Por ello, informó que “un fiscal del Ministerio Público hizo una inspección, visitó a los particulares que adelantaban la obra y se ordenó la paralización de la misma”.
Sobre este aspecto, recordó que “la progresividad de los derechos humanos establece que no se puede convertir un bien público en un establecimiento privado administrado por un particular. Eso no puede tolerarse”, sentenció Saab.
“También nos enteramos de que la Gobernación del estado Anzoátegui, administrada por Barreto Sira, ilegalmente le entregó ese comedor a una empresa turística privada. También solicitamos anular eso”.
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