Arco minero del Orinoco: La crisis que pocos conocen en Venezuela

En el año 2016 se aprobó la extracción de minerales en una superficie que equivale al 12,2% de Venezuela, donde habitan 54.686 personas indígenas y tiene una gran diversidad ecológica, publicó El País.

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Foto: Referencial

Y en ese mismo año, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela dispuso de la totalidad de 111.843 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales, decisión que ha puesto en peligro la biodiversidad de la Amazonía venezolana y la vida de las comunidades indígenas de la zona. Esta área es tan grande como la extensión total de países como Cuba, Corea del Sur, Austria, República Checa o Suiza.

Caber resaltar que Venezuela ha vivido de la explotación petrolera desde que la extracción de hidrocarburos superó, en la década de 1910, el cultivo y comercialización de café y cacao. Desde ese momento, todos los proyectos de desarrollo se han basado en la renta energética. Ahora, en un contexto de profunda crisis económica, el Gobierno intenta diversificar sus políticas extractivistas, en la expectativa de recibir altos ingresos económicos a corto plazo.

La llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), se creó 24 de febrero de 2016 en una superficie de terreno que equivale al 12,2% del territorio nacional. Esta zona se encuentra en el margen sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país, donde habitan 54.686 personas indígenas, según el último censo del año 2011, y una gran biodiversidad ecológica que tras esta decisión se encuentra bajo amenaza.

Son muchos los sectores que no han estado de acuerdo con el proyecto, desde sectores indígenas que han visto sus derechos afectados, como organizaciones ambientalistas y de derechos humanos quien han alzado su voz, intentando prevenir la afectación de esta zona. En este sentido, las organizaciones Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes y Laboratorio de Paz, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a derechos humanos en el marco de este proyecto.

A pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha escuchado las diferentes críticas realizadas contra este proyecto. Por el contrario, las diferentes iniciativas que por ejemplo, han alertado sobre el impacto del proyecto han sido criminalizadas desde el sistema nacional público de medios.

Sin embargo, en un país sumido en una profunda crisis social, económica y política, es poca la atención que se ha prestado a esta situación y el proceso de movilización contra el proyecto, que incluye académicos, activistas medioambientales y de derechos humanos, indígenas, músicos y otros sectores se ha eclipsado.

Esto a pesar de las repercusiones de este proyecto que ya se empiezan a notar. En los últimos años, la minería ilegal en la zona se ha expandido y con ello, ha aumentado el flujo de personas que llegan en busca de oportunidades económicas inmediatas.

Lo que ha traído como consecuencia la acentuación de la crisis sanitaria con un repunte de enfermedades como el paludismo. En un país enfrentando una grave crisis humanitaria con una creciente escasez de medicinas, esto no es un mal menor. Ante la ausencia de medicamentos y centros asistenciales, el número de muertes a consecuencia de estas enfermedades es significativo.

Es importante mencionar que la crisis social, política y económica que afecta Venezuela es muy grave y las severas violaciones de derechos humanos que persisten en el país, merecen la atención de las organizaciones nacionales, así como de la comunidad internacional. Sin embargo, no podemos ignorar la grave situación ambiental que puede derivar de la implementación del proyecto del Arco Minero y la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de la zona.

Con información de La Patilla


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