El caso PoliCarabobo ocurrido el pasado miércoles en la sede del menciondo organismo de seguridad estadal y en el que fallecieron 68 personas, será investigado por la Asamblea Nacional, la cual designó una comisión especial para que llevara dicha acción, al tiempo que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que evalúe el sistema carcelario del país.
Tras un largo debate, los parlamentarios opositores aprobaron por unanimidad “designar una comisión especial de investigación integrada por cinco diputados para esclarecer los hechos de la masacre ocurrida” el miércoles en los calabozos de la Policía de Carabobo.
La comisión estará presidida por el diputado representante de Carabobo, Carlos Lozano, e integrada por el parlamentario y abogado constitucionalista Juan Miguel Matheus, la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, y los legisladores Richard Blanco y Dennis Fernández.
Los cinco diputados deberán realizar las “investigaciones conducentes para el establecimiento de las responsabilidades penal, civil y administrativa” del presidente Nicolás Maduro; la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava y demás funcionarios que el Parlamento considera que están implicados.
La Asamblea Nacional (AN), que se solidarizó con los familiares de los 68 muertos, también solicitará a la Cidh que realice una visita a Venezuela para que evalúe el sistema penitenciario, considerado por los diputados como el “peor del mundo”.
Además impulsarán “un marco normativo apropiado para la reforma integral del sistema penitenciario venezolano”.
Durante el debate, el Legislativo dio un derecho de palabra a uno de los familiares de los fallecidos Wilcar González, esposa de una de las víctimas, que pidió justicia ante lo sucedido.
“Queremos que los cuerpos sean exhumados primeramente porque (…) hay muchos familiares que dicen que sus tíos, sus esposos, sus hermanos tenían impactos de bala”, dijo al tiempo que denunció que dentro de la comisaría había “mucha corrupción”, pues debían pagar para poder visitar a sus parientes presos.
El fiscal general, Tarek William Saab, pidió “declarar en emergencia” el sistema de justicia “en pleno” y anunció que la muerte de 68 personas se produjo en medio de una requisa.
El funcionario acusó a la lentitud a la hora de ejecutar juicios y sentencias de propiciar el hacinamiento en los calabozos de este centro y pidió que el suceso “sea una gran alerta nacional” para que se comience “un trabajo realmente definitivo para el deshacinamiento de las estaciones de policía”.
El que también fue defensor del pueblo reveló que en la actualidad “hay más de 25.000 privados de libertad en estaciones de policía” de los que 3.000 “ya están condenados” y “no deberían estar ahí” sino ya en una cárcel.
Con información de EFE
