La Cámara Plena del Congreso Mexicano aprobó una ley que quita inmunidad a todos los funcionarios públicos e incluso al presidente durante el ejercicio de sus funciones, para imputarlos si llegasen a cometer un delito, reseñó La Razón.
Aunque desde el 2015 más de 30 iniciativas de todos los partidos, relativas a quitar la inmunidad, estaban atoradas en San Lázaro, la discusión se reactivó la semana pasada cuando el coordinador de los diputados del PRI, Carlos Iriarte, presentó la propuesta de su candidato a la Presidencia, José Antonio Meade, donde incluyó sujetar a juicio político al jefe del Ejecutivo federal, que hasta ahora sólo podía ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Con estas reformas a la Carta Magna, se señala que también se podrá imputar penalmente a gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y alcaldes, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales y concejales.
El documento enviado al Senado de la República elimina también la Declaración de Procedencia, que quita la facultad a la Cámara de Diputados de determinar si hay o no lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos que hubiesen incurrido en algún delito, es decir, de retirar o no el fuero.
También destaca que en el caso de que un juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos, se le podrá imponer cualquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o, bien, termine el periodo para el cual fue electo o nombrado.
Con información de La Razón
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