El ciudadano Emil Frank Spinelli, dueño del Estacionamiento Araguita C.A.; fue aprehendido luego de que el 29 de junio, el ciudadano Josué Astudillo; interpuso una denuncia en la Fiscalía Superior de Carabobo, debido a que cuando fue a retirar un vehículo a un estacionamiento; que funciona como depositaria judicial con su respectiva orden de entrega emanada de una fiscalía, los dueños de este estacionamiento le indicaron que su vehículo ya no le pertenecía.
Desarticulada estacionamiento en Carabobo
Al dueño del estacionamiento se le imputaron los delitos de fraude; uso de documento falso, uso de sello falso, desvalijamiento de vehículo automotor; y asociación para delinquir y fue privado de libertad.
Los representantes del estacionamiento utilizaban como argumento que Wilder Soteldo; director de Línea de Procesos Políticos y Sociales del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; había otorgado como una dación de pago de un total de 437 vehículos a favor de dicho estacionamiento, entre esos el de Astudillo.
«Además, el dueño le informó que si quería el vehículo; debía cancelar seis mil dólares», detalló el Fiscal Wlliam Saab.
La investigación dio con otras cuatro personas cuyos vehículos fueron retenidos en dicho estacionamiento; debido a procedimientos policiales, y que una vez acudieron a retirar los mismos, recibieron la misma respuesta.
Acciones legales
Las acciones ilegales se llevaban a cabo debido a una dación en pago del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; los vehículos habían pasado a ser propiedad del estacionamiento y que por ello este tenía la facultad de vender dichos vehículos; a cualquiera que estuviese interesado.
En ese sentido, la investigación reveló que la supuesta dación en pago realizada por este funcionario carecía de todo valor jurídico, pues no estaba facultado para realizarla, habiendo usurpado funciones exclusivas de la máxima autoridad de este ente ministerial, remarcó el titular del MP.
También se comprobó que el documento no reposaba en la Notaría 6ª de Valencia, como aparecía en el documento, siendo falsas las firmas y sellos que aparecen en el mismo.
En este sentido el 24 de julio se solicitó orden de aprehensión en contra de los ciudadanos Wilder Andrés Soteldo Landaeta, Miguel José Freites Gutiérrez, Emil Frank Spinelli González y Oriana Sicilia Mosqueda Bottaro.
Tanto Soteldo como los otros dos requeridos, se encuentran en el extranjero. Por ello se les solicitará notificación roja ante Interpol, dijo el Fiscal.
El hoy imputado reveló en la audiencia que a Wilder Soteldo, quien trabajó en el Ministerio hasta abril de este año; se le pagaron 60 mil dólares para que otorgara esta dación en pago con la que procedían a apoderarse ilegalmente de los vehículos.
También se está investigando a otros cuatro estacionamientos en Carabobo que estarían en la misma situación.
Caso en Táchira
En otro caso, el Fiscal General Saab informó sobre la detención el 19 de julio en San Cristóbal del profesor de Derecho de la Universidad Católica del Táchira, Gerardo Nieto Quintero, por solicitar pagos en divisas a sus alumnos para aprobarles la materia de Derecho y Legislación Laboral.
«Una estudiante puso la denuncia ante el CONAS, tras haber presentado la reparación en dichas materias y ser reprobada, al igual que todos los que la presentaron», señaló el Fiscal.
La estudiante fue contactada vía WhatsApp por un intermediario que le informó que podría aprobar las materias si pagaba 350 dólares.
Tras ser informado por el CONAS, el Ministerio Público solicitó ante los tribunales una entrega vigilada que se realizó en el sector Barrio Obrero, durante la cual se detuvo a Edisson Alberto Vera Carrillo, quien solicitaba y recibía el dinero como intermediario del profesor, quien fue detenido posteriormente, cuando estableció comunicación con el capturado para la entrega del dinero.
Posteriormente, el 22 de julio se realizó la audiencia de presentación ante el Tribunal 3º de Control del estado Táchira, en la cual el Ministerio Público precalificó la presunta comisión de los delitos de extorsión por relación especial y agavillamiento.
Por su parte, la Universidad Católica del Táchira, informó en un comunicado que había removido al profesor de su cargo y que prestaría toda la colaboración con los organismos competentes para el esclarecimiento de los hechos.
Durante la nueva gestión del MP 241 fiscales han sido judicializados y 31 en investigación, para un total de 270 fiscales procesados. Entre los judicializados, 26 han sido condenados, 137 han sido imputados, 9 están privados de libertad y 18 se encuentran prófugos de la justicia, detalló William Saab.
