El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el pasado domingo que pedirá ayuda a las Naciones Unidas para el desminado de zonas en la frontera con Colombia, desde donde aseguró que grupos armados irregulares trajeron al país la “práctica asesina” de colocar esos artefactos.
Desde el 21 de marzo al menos cuatro militares venezolanos han muerto en choques y por el efecto de minas antipersona en una zona limítrofe donde están las organizaciones ilegales, que Maduro vincula al paramilitarismo colombiano y no a disidentes de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Desminado de frontera Colombia – Venezuela
Maduro dijo que su canciller, Jorge Arreaza, le escribiría la petición al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
La solicitud es “para pedir inmediata ayuda de emergencia para que traigan toda la técnica para desactivar los campos minados que han dejado todos estos grupos irregulares”, dijo el presidente en un acto transmitido por la televisión estatal.
Analistas de seguridad y grupos no gubernamentales venezolanos han dicho que los combates en la zona de La Victoria; en el estado de Apure, vecino a Colombia, son contra miembros del Frente 10 de las FARC, apartado de los acuerdos de desmovilización; y dedicado al narcotráfico con una creciente actividad en los últimos meses.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo el 27 de marzo pasado en una intervención en la televisora oficial; que las autoridades habían notado desde enero en esa zona de frontera un “movimiento irregular” de avionetas; y que eran “bandas de facinerosas dedicados al narcotráfico”.
Por los menos unos 5.000 pobladores de la zona de La Victoria y poblados cercanos huyeron desde el inicio de los choques hacia la población colombiana de Arauquita; donde algunos denunciaron abusos y asesinatos por parte de las autoridades; lo que Padrino ha negado.
La ONU no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.
Grupos de derechos humanos de los dos países pidieron esta semana a la ONU; que nombre un enviado especial para abordar la crisis en la frontera; que ha sido durante años un centro de drogas y contrabando, entre otros delito
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