Las imágenes del edificio en llamas fueron difundidas en las redes sociales por las autoridades, que condenaron lo ocurrido en esta ciudad del departamento del Valle del Cauca, a 94 kilómetros al norte de Cali.
Según los reportes y videos difundidos por la Policía, las llamas arrasaron con gran parte del techo y el segundo piso de la institución judicial de esta ciudad.
Adicionalmente, hay amotinados que apuntan a los propios miembros de la Policía, buscando desacreditar las protestas. Además, denuncian que varios procesos judiciales contra agentes de la fuerza pública se encontraban en el Palacio de Justicia.
Rechazo y condeno estos actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo. Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito. pic.twitter.com/bMO59OULWQ
— Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) May 26, 2021
“Al parecer estas personas acompañadas por la Policía estarían involucradas con la quema del Palacio de Justicia en Tuluá-Valle, nos cuentan que los vieron cerca del lugar donde ocurrió todo”, escribió en Twitter la cuenta oficial del Movimiento Naranja Cali, un colectivo de activistas pertenecientes a sectores alternativos de la política colombiana.
“Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandalismo y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es un delito”, dijo el ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz, en Twitter.
El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, por su parte, consideró que “los vándalos quieren obstruir la justicia con quemas como la de esta noche en el Palacio de Justicia de Tuluá”.
Los medios de comunicación colombianos informaron de que los alborotadores estaban dificultando el paso de;los bomberos y de las autoridades a la zona, y describieron el descontrol de la zona y el miedo de los habitantes.
Palacio de Justicia en Tuluá
El líder social colombiano Juan Grabois denunció que el 26 de mayo fue “retenido” y “agredido físicamente” y;que no se le permitió ingresar a Colombia, a donde había viajado en el marco de una misión internacional, dado el conflicto social que existe en ese país.
El incidente se produjo dentro de la ola de protestas que comenzó el 28 de abril en el país, y que hasta el 26;de mayo ha dejado al menos 43 muertos.
Cali y la región del Valle del Cauca y el vecino Cauca están fuertemente afectados por la violencia de los grupos;armados y la pobreza y el desempleo. También son el epicentro de gran parte de este malestar social que se evidenció en las manifestaciones.
Además, al menos 129 personas siguen desaparecidas en las protestas contra el presidente Iván Duque.
El gobierno de Duque inició un diálogo con el Comité Nacional de Paro, principal convocante de las manifestaciones,;así como con diferentes sectores políticos, académicos, religiosos y empresariales, y esta semana ambas partes aseguraron que había avances.
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