Saab introdujo recurso al TSJ sobre accionar de Voluntad Popular

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Locdoft), para determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo.

Saab TSJ Voluntad Popular - Noticias Ahora
Foto: Noticias Ahora

El Fiscal General informó que se realizó la solicitud de interpretación con base “en las atribuciones del Ministerio Público como garante del respeto a los derechos y garantías constitucionales, según el artículo 285 numeral primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Así como también en el artículo 266 de la Carta Magna, que establece entre las competencias del Tribunal Supremo de Justicia, la de conocer los recursos de interpretación sobre el contenido y el alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley.

“Los artículos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo que hemos solicitado interpretar se refieren a la responsabilidad de las personas jurídicas y las sanciones aplicables a las mismas”, detalló Saab.

Historial violento

El Fiscal General resumió los orígenes del partido Voluntad Popular y la escalada de violencia que ha protagonizado desde 2014: “Esta organización había sido creada como un movimiento en el año 2009 por Leopoldo López, un ex miembro de la secta Tradición, Familia y Propiedad”.

De igual forma, recordó que sus integrantes tuvieron participación activa “en el golpe de Estado contra Hugo Chávez”, señaló Saab, quien reiteró que López salió a las calles el 12 de abril de 2002 a apresar a miembros del Estado venezolano sin orden judicial.

“A pesar de este antecedente, a Voluntad Popular se le dio la oportunidad de participar en los comicios nacionales, regionales y municipales, en el marco de la democracia participativa que propugna nuestra Carta Magna”, indicó la máxima autoridad del Ministerio Público.

Es así como la organización participó en las elecciones presidenciales de octubre de 2012, ganadas por el entonces presidente Hugo Chávez; además de las elecciones regionales de diciembre del mencionado año en donde se convirtió en la sexta fuerza política nacional y logró ganar una alcaldía en el Área Metropolitana de Caracas.

La Salida y las guarimbas

Sin embargo, después de la elección presidencial de abril de 2013, en la que resultó electo el Presidente Nicolás Maduro, este partido inició su deriva violenta. El primer paso fue la propuesta de La Salida.

“Ante la imposibilidad siquiera de erigirse como candidato de la oposición, Leopoldo López, apoyado por Antonio Ledezma y María Corina Machado, propuso salir del gobierno constitucional de Nicolás Maduro por la vía de escalada violenta”, explicó Saab.

Esta acción se produjo cuando gobierno y oposición habían iniciado un acercamiento tras el desconocimiento del triunfo del Presidente Maduro hecho por el candidato opositor Henrique Capriles.

Fue así como en 2014 ocurrieron “graves alteraciones del orden público y actos terroristas organizados, dirigidos y financiados por los miembros de Voluntad Popular”.

Tales hechos, recordó Saab, se caracterizaron por “el uso de grupos de choque para generar violencia a través del suministro de armas y explosivos a adolescentes reclutados; el cierre y obstaculización de vías vehiculares de las principales ciudades (…) y ataques incendiarios contra centros de salud, bibliotecas, universidades, centros deportivos, vehículos de transporte público, del Estado, centros de distribución de alimentos y medicinas”, entre otros.

Por esos hechos se contabilizaron 43 muertes y más de 400 heridos, específico Saab.

“Esta práctica terrorista se repitió durante el año 2017, con mayor violencia e intensidad, llegando a contarse decenas de personas que fueron quemadas, siendo el caso más conocido el del joven Orlando Figuera”, expresó el Fiscal General.

A su vez, indicó que aquél “nuevo intento de generar una guerra civil duró alrededor de 130 días y provocó daños incalculables a la nación y a las familias venezolanas, que presenciaron más de 150 muertes y más de mil heridos”, detalló.

Autojuramentación

Como parte del expediente criminal de Voluntad Popular, el Fiscal General recordó los acontecimientos del 23 de enero del 2019; cuando el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó Presidente interino de la República de forma pública.

“Se autoproclamó para un cargo que no existe, que no lo establece la Constitución ni alguna Ley Orgánica. A éste sujeto lo eligió un tuit desde los Estados Unidos. Valiéndose del apoyo del gobierno de los EE.UU., este falso presidente, ha ido apropiándose de bienes que pertenecen a la República para su provecho personal y el de sus cómplices”, declaró el titular de la acción penal.

A su vez, Saab responsabilizó a Guaidó de alentar el bloqueo del ingreso de alimentos, medicinas y gasolina; además de presionar a la empresa AT&T para el cese de las operaciones de Directv en el país.

Petitorio a la Sala Constitucional

Tras detallar el historial de acciones dirigidas por los integrantes de Voluntad Popular contra el Estado venezolano, el Fiscal General procedió a leer el petitorio del recurso de interpretación solicitado a la Sala Constitucional, a fin de garantizar la paz de la República:

“a) Establecer el contenido y alcance de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en concordancia con el resto de las normas citadas, a los fines de determinar si un partido u organización política, puede o no ser considerado sujeto activo o pasivo de responsabilidad penal en la comisión de los delitos establecidos en dicha Ley, y por lo tanto susceptible de las sanciones establecidas en el artículo 32 ejusdem, como consecuencia de los actos u omisiones cometidos por sus órganos directivos, sus representantes o por cuenta de ellos o en cualquiera de los delitos previstos en la Ley sustantiva penal venezolana.

b) Establecer si dicha conducta es susceptible de generar, por las razones de hecho y de derecho expuestas, responsabilidad en materia penal, civil o administrativa para el Partido u organización política Voluntad Popular, al acreditarse que el mismo sirvió de velo corporativo para ocultar su responsabilidad gremial en la comisión de múltiples, permanentes y continuados delitos que distorsionan los postulados de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

c) Declarar al partido u organización política Voluntad Popular, organización criminal con fines terroristas y consecuencialmente sea disuelta en razón de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones; la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”.

“Todo lo solicitado se sustenta en las gravísimas razones de hecho mencionadas que son de conocimiento público, notorio y comunicacional y (…) dependerá de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia dictaminar en consecuencia”, sentenció la máxima autoridad del Ministerio Público.

También puedes leer: Segundo buque iraní «Forest» se encuentra en aguas territoriales venezolanas


“Si quieres visualizar esta y otras noticias desde tu celular, síguenos en TELEGRAM  y mantente siempre informado”