En las instalaciones del Hospital Victorino Santaella, ubicado en Los Teques, estado Miranda, murió una joven luego de someterse a un aborto clandestino.
La víctima quedó identificada como Rosmary Rusbely Palma Rodríguez de 20 años de edad y murió el pasado 30 de enero de este año; tras sufrir una severa infección.
Aborto clandestino en Guatire
La información la publicó el director de la Policía Científica, Douglas Rico, quien detalló en su cuenta en Instagram que el caso fue esclarecido por la Delegación Municipal de Guarenas, que comenzó la investigación luego de la muerte de la joven.
Los resultados de las pesquisas arrojaron que los padres de la víctima, Mariyuli Rodríguez Sánchez (44) y Rubén Jesús Palma Ibarra (53), la habrían llevado hasta el sector Las Casitas, parroquia Guatire, municipio Zamora, para realizarse un legrado con Ana Yelisbeth Álvarez Aranguren (43), (profesional de medicina- médico integral, fisioterapeuta y ginecólogo obstetra), quien hizo el procedimiento incompleto, generando que Rosmary tuviera sangrados intensos por varios días.
Los padres de la joven al notar que no controlaban el sangrado, optaron por consultar a Ana, quien les indicó que la llevaran al hospital de la entidad, ya que estaba séptica; una vez en el centro de salud, los médicos trataron de controlar la infección; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, esta falleció producto de la misma.
Rodríguez y Palma quedaron detenidos por efectivos de seguridad del estado.
Desmantelada banda
También quedaron privados de libertad Juan Carlos Martínez Betancourt (49), Maydelin Nayflor Martínez Rodríguez (23), (padre e hija); quienes se dedicaban a captar a jóvenes en estado de embarazo dudosas de continuar con los mismos, para ofrecerles la interrupción con Ana por un monto de 120 dólares.
Esta banda hamponil operaba en la parroquia Guatire, donde realizaban estos procedimientos sin cumplir con medidas sanitarias; al inspeccionar el lugar, los pesquisas encontraron como evidencias, varios implementos utilizados en ginecología y medicamentos para tratar diversas patologías.
Todos quedaron a la orden de la Fiscalía 30º del Ministerio Público del estado Miranda.
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