Michelle Bachelet, alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó, este viernes, la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Durante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra; dijo que su presentación abarca el período entre el 2 de julio y el 25 de septiembre. Haciendo referencia a los recientes indultos, las protestas, la libertad de expresión, las FAES, la pandemia, las sanciones, las acciones del TSJ y el clima político electoral del país.
En este sentido, corroboró que el pasado 14 de septiembre reconoció «la adopción reciente de medidas positivas por el Gobierno de Venezuela, como el indulto a 110 personas, la liberación de 40 y una mayor cooperación con mi Oficina. Seguiremos brindando asistencia técnica al Gobierno».
Así mismo, informó que «siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina».
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas expresó que han observado restricciones a la libertad de expresión.
«Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas».
Reconoció labor con connacionales
En otras instancias, Bachelet reconoció que las autoridades venezolanas han hecho los esfuerzos para acoger a los migrantes venezolanos retornando al país.
Aunque, le preocupó el hecho que había ciertos dirigentes que culpaban a los migrantes por propagar el Covid-19. “Me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir el COVID-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares”.
«Reconozco la implementación de protocolos de bioseguridad relativos al COVID-19 en los centros de detención. Pero reitero mi llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad», subrayó.
De igual manera, señaló que «asociaciones profesionales han informado que el 33 por ciento de las muertes por COVID-19 han sido del personal de salud debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales».
Bachelet alertó sobre posibles sanciones al diesel.
Por otro lado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas indicó que «La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales. Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia».
Operativos de seguridad en barriadas
Como en anteriores informes, Michelle Bachelet, se refirió a los operativos de seguridad en los sectores populares.
«Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020».
Con relación a este tema, precisó como oportunas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto.
Añadió que «Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento».
Asimismo, el Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país.
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