Este lunes el Tribunal Constitucional de Perú (TC), anunció que se declaró competente para definir si la disolución del Congreso decretada por el Gobierno de Martín Vizcarra se considera legal o no, después de aceptar la demanda presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.
No obstante, rechazó la medida cautelar al considerar las posibles demoras que puedan existir en la resolución del caso.
De esta forma, por el momento la suspensión del Poder Legislativo se mantiene, aunque ya se inicia un proceso legal contra la decisión del Ejecutivo. En concreto, el TC aceptó tratar el conflicto, pero todavía no emitió una postura al respecto.
Así, tras su debida notificación, Presidencia tendrá 30 días hábiles para responder la demanda. Luego, se fijará una fecha para una audiencia pública, donde cada parte tendrá a sus respectivos abogados, y con un nuevo plazo de 30 días hábiles más, el TC deberá emitir una sentencia.
Adicionalmente se debe considerar el conflicto de las fechas: la resolución del conflicto podría coincidir con los comicios legislativos impulsados por el Ejecutivo, aunque dependiendo del fallo, resta por ver si efectivamente se concretarán.
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